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Otra vez la Plusvalía Municipal (Auto TS 9/02/2022)

La Sentencia número 182/2021, de 26 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, la «STCo 182/2021») supuso un antes y después en el escenario de aplicación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana («Plusvalía Municipal»). 

No obstante, y a pesar de declarar la inconstitucionalidad de la forma de calcular el impuesto, especialmente en aquellas situaciones en las que no existía incremento de valor alguno, introdujo una conclusión tremendamente controvertida acerca de las liquidaciones/autoliquidaciones que se verían afectadas por el referido fallo.

Lo anterior, en la medida en que se refería al concepto de situación consolidada, aludiendo a una suerte de prescripción no prevista en la norma fiscal.

Así, no podrían beneficiarse del fallo emitido por el TCo aquellos contribuyentes que, aun encontrándose en plazo para impugnar el pago de unas cantidades indebidas, no hubieran iniciado esa acción con carácter previo a la fecha en que se tuvo conocimiento del sentido de la sentencia. 

No es baladí esta limitación introducida, puesto que, si analizamos las normas en juego, es evidente que aquí ha pasado algo que los contribuyentes nos hemos perdido. 

Así, si revisamos el momento en que se entiende aplicable el criterio emitido por el TCo, este no es, en modo alguno, la fecha en que se publica la noticia sobre la inminencia de un fallo, sino la fecha en que se publica este en el BOE. Primer escollo del camino para los contribuyentes rezagados.

Pero es que, además, si observamos la Ley General Tributaria con detenimiento, no se halla referencia alguna a situaciones consolidadas como la que recoge el TCo en su sentencia, puesto que, de toda la vida, existen periodos de prescripción/caducidad de acciones, de unos y de otros, consignados en la norma que no pueden ser ignorados. 

En este contexto, no queda otra que llevarse las manos a la cabeza, una vez más, y lamentarse por la escasa relevancia que, en ocasiones, parecen tener los principios generales del Derecho para nuestros tribunales, y, especialmente, aquellos como el principio de capacidad económica, buena administración o seguridad jurídica, que tanta incidencia tienen para los ciudadanos hoy en día, y que tanto se empeñan algunos en ignorar.

Menos mal que aun nos queda el Tribunal Supremo, intérprete sobre el que finalmente se ha delegado la controversia anunciada, y que, en virtud de lo que se infiere de su Auto de 9 de febrero de 2022 (Rec. Núm. 2402/2021), será el encargado de poner fin a este escenario caótico de fechas, interpretando qué liquidaciones se considerarán firmes y consentidas, y cuáles podrán tener opciones al reconocimiento de existencia de ingresos indebidos que podrían ser devueltos, en su caso, a los contribuyentes. 

Enlace al Auto del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2022 aquí 

 

Ser o no ser, ¿nuevo no-impuesto a banca y energía?

En la Universidad me enseñaron, creo recordar, que una cosa es lo que es, y no lo que dice ser… sin embargo, algo se revuelve en mis recuerdos cuando investigo acerca de una nueva figura que pretende introducir el Gobierno a modo de gravamen excepcional, sobre los beneficios de las entidades financieras y las energéticas.

Resulta, o eso parece, que se discute una proposición de ley cuyo objetivo es la creación de una suerte de prestación patrimonial de carácter público, la cual, curiosamente, tiene todos los rasgos de una figura impositiva menos el nombre. ¡Qué cosas! 

Pensando mal y pronto, la primera consecuencia del cambio de nombre o calificación jurídica sería la de evadir las reglas aplicables a los tributos, entre las que se encuentran, entre otras, el respeto al principio de capacidad económica, que no permitiría la introducción de un gravamen sobre los beneficios ordinarios de las empresas afectadas, dado que estos ya se encuentran sometidos a imposición por otros tributos, como el Impuesto sobre Sociedades. 

También podríamos encontrarnos con un problema de doble imposición, que, por lo que he podido leer, no parece importarle demasiado al ejecutivo, en la medida en que esa doble imposición, no se encuentra expresamente prohibida por nuestra Constitución, luego deben considerarla un obstáculo relativamente salvable… si bien, olvidan que la configuración jurídica de una figura restrictiva de derechos, nunca es tan fácilmente evitable como se pretende, alegremente, defender. 

Y no lo es, ni debería serlo, porque si pensando mal y pronto, realmente se está intentando eludir la implementación de garantías del contribuyente, se avecina una buena controversia en tribunales en aras a defender principios básicos de nuestro sistema legal, como son el principio de seguridad jurídica y el de capacidad económica, piedras angulares de nuestros derechos, y que deberían ser respetados sin importar el precio.